Hace algunos días, el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola interpuso un recurso de protección contra proyecto termoeléctrico Punta Alcalde. En la capital, junto a diferentes habitantes de la comuna y al abogado Álvaro Toro, recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago con la intención de revertir la decisión del Comité de Ministro que aprobó el proyecto Termoeléctrico de Punta Alcalde.

Este medio de comunicación conversó con las autoridades huasquinas para conocer cómo es la realidad del puerto, luego de la aprobación de un nuevo proyecto termoeléctrico en Huasco.

Loyola señaló que “están satisfechos con la respuesta de la Corte de Apelaciones de Santiago con respecto al recurso presentado. Estamos satisfechos porque el recurso es admisible y obliga a que el comité de ministros entregue en un plazo de cinco días una resolución formal con respecto a la aprobación de este proyecto por este comité”.

“Nos queda claro, en reuniones que hemos sostenido con CAP que es el Gobierno el que presiona para que este proyecto se ejecute, entendiendo que hay una crisis energética, pero sin embargo nosotros creemos que el proyecto no es bueno para nuestra comunidad, pues Huasco está en zona de latencia y lo que se debería estar haciendo es el plan de prevención que no se ha construido desde el mes de mayo, que se decreto la zona de latencia”, dijo el alcalde.

La concejala Carmen Hidalgo (PPD), dijo que “lo más importante es que debe haber avance en Huasco, pero no a cambio de la salud de la gente. Es importante que vengan las empresas, pero Huasco ya está saturada y en zona de latencia, y no pueden haber más termoeléctricas en la comuna”. Hidalgo manifestó que “ojala no se haga Punta Alcalde. Hay mucho cáncer en Huasco y esperamos que no se concrete el proyecto”.

Patricia Dagnino  (RN), concejal electa de Renovación Nacional, dijo que “deben convivir las empresas y dar trabajo, y en ese aspecto siento que se deben buscar todas las instancias para no contaminar o contaminar lo mínimo. Debemos hacer fuerzas para que esto se comparta”.

Otro integrante del concejo, Pedro Rojas del PPD, explicó que “es bien compleja la situación en Huasco, y el hecho de estar en zona de latencia ya es un hecho complicado. Ya se entregó un veredicto por parte del Gobierno Regional con este proyecto y los ministros aprobaron esto por lo que le dan un aire nuevo a Punta Alcalde. Nosotros no queremos esto, estamos en lucha pacífica y queremos que no se instalen más empresas por ser una zona ya saturada”.

PESCADORES

Héctor Zuleta, dirigente de los pescadores de Huasco señaló que Punta Alcalde es demasiado malo para el sector pesquero, “ya estamos colapsados con las empresas termoeléctricas y no tienen un respeto mínimo a la comunidad pesquera. Quizás es progreso para la comuna, pero no para el sector pesquero”

Por su parte, Wilfredo Silva dirigente pesquero explicó que “nos estamos oponiendo a la termoeléctrica debido a la saturación que tenemos en Huasco y otra por el perjuicio que tendremos como pescadores con Punta Alcalde”, explicó.

El curso Operador de Equipos Mina culminó con una emotiva certificación para  16 alumnos del programa de capacitación SENCE, luego que participaran y aprobaran 300 horas de clases prácticas y teóricas en los diversos módulos impartidos por la casa de estudios. La ceremonia se llevó a cabo el Miércoles  09 de Enero del presenta año  a las 17:00 horas en las dependencias de CFT-UDA Sede Vallenar ubicada en Costanera 105 de la comuna de Vallenar.

En la ceremonia se contó con la presencia de Seremi del Trabajo y Previsión Social, Patricio Urquieta García, Oliver Varela Madariaga en representación de SENCE Atacama, Huda Rivas Morales Rectora de CFT-UDA, Adriana Cruz López Directora CFT-UDA Sede Vallenar y Cindy Ramos Rojas Directora de Capacitación CFT-UDA.

En representación de los alumnos capacitados, la Señora Karina Bugueño Campos, expresó sus agradecimientos a todas las instituciones que hicieron posible cumplir con las metas propuestas expresó ”Es una orgullo para nosotros, que tuvimos que sacrificar horarios familiares y laborales, estar aquí recibiendo nuestro certificados para buscar un mejor empleo, CFT-UDA fue nuestra segunda casa”. Por su parte, el Seremi del Trabajo y Previsión Social señalo “Que el programa de Gobierno  está enfocado a cubrir las necesidades de las empresas en el reclutamiento de mano de obra calificada, ya que en el sector minero las destrezas y habilidades de las personas destacan sobre el género.”

Varios son los festivales que se desarrollan en la provincia del Huasco durante la temporada estival, y los municipios se encargan de tirar ''toda la carne a la parrilla'' para entretener a la comunidad.

Es así, como los municipios de Vallenar y Freirina, ya tienen diversos artistas nacionales confirmados para ser participes del Festival Vallenar Canta y El Camarón, respectivamente.

En Vallenar, por ejemplo, ya se tienen confirmados los nombres de artistas como La Noche, en el humor, Alvaro Salas y el cantautor y triunfador en el festival de Vina del Mar, Manuel García, de acuerdo a lo informado por el alcalde de Vallenar, Cristian Tapia.

Por su parte, en Freirina serian los grupos ''Chico Trujillo'', ''Movimiento Original'', Gianina Ferri, ''Los Galos'' y en el humor, Mauricio Flores. La mayor parte de estos artistas están ya confirmados, y faltaría solo algunos detalles que afinar.

Una huelga de carácter indefinida fue la que comenzaron ayer cerca de las 20 horas, 6 ex trabajadores de la empresa Agrosuper en el halla de la iglesia San Ambrosio de Vallenar, debido a los despidos masivos que llevó a cabo la empresa luego de que se modificara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y por inviabilidad económica.

Los trabajadores despedidos, que llevan desde el miércoles realizando una olla común en la plaza O´Higgins de Vallenar y que han pernoctado con carpas y sacos de dormir en el principal paseo público, decidieron tomar este tipo de medidas de fuerza debido a los últimos acontecimientos ocurridos en la comuna de Freirina y que derivó en el despido de 240 trabajadores en una primera etapa, y para seguir la próxima semana con 100 trabajadores y más, y finalizaran en febrero con el resto de los trabajadores que aún siguen laborando en le empresa agroindustrial El Huasco, en Freirina.

Huelguistas

Pedro Riarte, uno de los huelguistas dijo que “estamos haciendo esto hasta que nos den una solución para trabajar. A los hijos ya le hacen falta alimentos, pañales, leche, además de arriendo de casa”. Hasta el momento lo único que consumen es agua, y ya hay algunos que no muestran buenas señalas de salud. “Los únicos que hasta ahora han venido son carabineros, compañeros de la ACHS para saber cómo estamos de salud”, manifestando que no se ha acercado ningún médico a monitorear los estados de salud.

Por su parte, Bethel Gandolfo, otra de las huelguistas y con un hijo de tres años en la manifestación de carácter pacífico, señaló que “nos aburrimos de las injusticias. Por qué siempre Freirina con sus delincuentes. Queremos que vuelva la empresa, ya que la mayor parte de los trabajadores éramos mujeres. Gente que es de edad, madres solteras, al contrario nos ayudaban en todo lo que podían. Acá en la zona no hay ninguna empresa que contrate mujeres, siempre estaremos a la deriva, no podremos surgir. En la empresa el mínimo era de 400 mil pesos. En esto tengo el apoyo de mi papá y mis amigos”. Belén tiene todo el apoyo de su familia y su pequeño hijo, que es por quien debe resistir y luchar para mejorar su futuro.

Lidia León, también ex trabajadora y huelguista, madre de dos hijos dijo que “esperamos que las autoridades nos escuchen y nos den empleo. Llevamos como un mes y no hay solución. Tenemos hijos estudiando y deudas, se viene marzo. A mi me salió la casa y quién me lo paga ahora”. León dijo que es ahora que están realizando estas medidas de fuerza “es que se necesita al obispo, a los alcaldes, a Derechos Humanos y la CUT”, que señaló “no han aparecido”.

“Esperamos a los alcaldes”

Francisco Cuello, otro de los huelguistas manifestó que “la esperanza es lo único que se pierde y en esto necesitamos a todos los compañeros. Queremos que la empresa vuelva. Algunos podemos trabajar en cualquier cosa, pero el sueldo que nos pagarán no servirá para lo que teníamos proyectado. Muchos de mis compañeros quedaron con deudas millonarias. El banco no nos esperara, y el dicom nos atacará”, explicó. Francisco tiene tres hijos y señala que por ellos, “llegará hasta el final, hasta las últimas consecuencias”.

Por su parte, la vocera de los ex trabajadores, Dinka  Santander dijo que esta medida de fuerza “es porque estamos sin trabajo. Estamos esperando a los alcaldes, que vengan acá y nos den la cara, y que nos den trabajo con el mismo sueldo y con más incluso”.

Santander dijo que actualmente hay 240 trabajadores sin trabajo, pero que pronto quedarán más sin empleo. “Hasta el momento no se ha acercado ningún alcalde. Queremos que los alcaldes den la cara, porque la mayor parte somos mujeres, que no sabemos dónde se reubicarán. Estamos desesperados por la situación”.

“Nadie nos ha venido a ver desde que comenzó esta huelga de hambre. Seguiremos hasta las últimas consecuencias e iremos sumando más huelguistas”, afirmó Santander.

Apoyo

Cristián Escobar, perteneciente a la agrupación freirinense que apoya a los ex trabajadores, dijo que “el lunes hay una reunión en Santiago con cuatro ministros y esperamos que exista una solución rápida porque una huelga no se puede tomar a la ligera. Todos estos hechos nacieron en Freirina en contra de la empresa y básicamente del alcalde de Freirina, quien ha organizado de manera oculta este grupo” acusó Escobar.

“La huelga de hambre comenzó por la agresión de los dirigentes de FreirinaConciente. Ellos nos aguantan una opinión distinta, nosotros no estanos defendiendo la empresa sino que el desarrollo para el valle. Yo representó a casi cinco mil personas de Freiirna y nos da rabia que Orellana no haya apoyado esta causa y sí apoye a un pequeño grupo de extremistas”.

Por su parte, Abdón Baraqui, presidente la cámara de comercio de la provincia del Huasco y empresario local, señaló que “yo soy contrario a toda medida de fuerza, pero no pude controlar más a los muchachos. Yo no sé por qué el alcalde de Freirina se opone al desarrollo. Freirina estaba avanzando a pasos agigantados y lo quieren volver a achatar. Nosotros siempre hemos dicho Agrosuper sí, pero sin olor. Que no haya matonaje. Si quieren volver al siglo pasado, cosa de ellos, pero con Agrosuper la comuna y el valle estaba progresando”.

20. Criterios claros para el emplazamiento de industrias.

Tras la aprobación del proyecto central de Endesa para la termoeléctrica Punta Alcalde, ubicada en Huasco, por parte del Comité de Ministros, los opositores a la iniciativa energética han expresado que están estudiando recurrir a la justicia para revertir la situación y evitar su construcción.

Esta vía es respaldada por grupos ambientalistas, quienes estiman que están los argumentos necesarios para que los Tribunales fallen a su favor, aunque muestran preferencias por la justicia tradicional sobre la nueva alternativa de los Tribunales Ambientales.

El pasado 3 de diciembre el Comité de Ministros acogió por unanimidad la reclamación presentada por Endesa a la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, que a fines de junio rechazó el estudio ambiental de su proyecto termoeléctrico.

Quienes se oponen a la construcción de la central actualmente están a la espera de la notificación de la aprobación del Comité de Ministros, para definir las estrategias legales que están analizando. De concurrir a la justicia uno de las opciones que tienen es acudir al Tribunal Ambiental, ya que éstos deberían comenzar a funcionar a fines de diciembre.

El director del observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), Lucio Cuenca, afirmó que “es un caso en que por las condiciones que se cambio la resolución ambiental deja abierta muchas posibilidades de acción legal. Se están usando mecanismos para validar el proyecto, que desde nuestro punto de vista, son cuestionables y podrían ser ilegales”.

Cuenca precisó que aún no se puede tener claridad de las acciones que se tomarán ya que “el gobierno no ha entregado la resolución, entonces tampoco uno puede aventurarse a definir la acción legal que hay que seguir”.

Por su parte Sara Larraín, directora de Chile Sustentable explicó que en este caso “hay una tremenda inconsistencia en la solución que se planteó y obviamente la población y las autoridades locales van a ir a tribunales con motivo de hacer notar de que aquí el gobierno le ha dado la luz verde a un proyecto con altas emisiones en una zona que está en latencia”. “Nuestra evaluación es que ciertamente la comunidad va a ganar en los tribunales de justicia”.

En tanto, Samuel Leiva coordinador de Campañas de Greenpeace en Chile, destacó que la alternativa de concurrir a instancia legales para resolver casos ambientales se ha dado en otras oportunidades como el proyecto Castilla que finalmente fue declarado ilegal por la Corte Suprema.

“Son medidas absolutamente legitimas para defender el estado de derecho cuando la gente siente que no se ha respetado en las decisiones administrativas”, afirmó.

A juicio del integrante de Greenpeace “hay argumentos jurídicos bastante claros para poder avanzar en este sentido, pero cada uno de los que emprendan esa iniciativa tendrán que definir cuáles son los puntos más importantes para destacar en la Corte”.

Tribunales Ambientales en duda

Si bien los ambientalistas apoyan la idea de llegar a instancias legales para impedir que se construya Punta Alcalde, consideran que es difícil que los Tribunales Ambientales sean los que acojan las acciones legales que podrían interponer los opositores al proyecto, ya que los tiempos están muy encima y lo más probable es que no comiencen a funcionar en las fechas indicadas.

Lucio Cuenca de Olca destacó que “de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado con los anuncios de las autoridades, es un caso que debiera ir a los tribunales normales, porque no sabemos en qué condiciones y cómo se podría presentar este caso a los Tribunales Ambientales”.

“El instrumento legal para enfrentar esa situación sigue siendo el recurso de protección, los tribunales ambientales no remplazan las medidas cautelares que se pueden medir a partir de los tribunales normales, como es el caso de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, por lo tanto se podrían entablar acciones de forma paralela buscando distintas maneras de revocar la decisión del consejo de ministros”, agregó el director de Olca.

A juicio de Sara Larraín de Chile Sustentable “el Tribunal Ambiental puede ver cualquier tema vinculado a una irregularidad en cualquier procedimiento ambiental, por lo tanto acá hay un procedimiento administrativo y perfectamente la comunidad pueda recurrir al tribunal ambiental”, aunque aseguró que lo más probable es que no estarán habilitados en los tiempos estimados por lo que los más probable es que “la comunidad va a ir a tribunales civiles normales”.

Por su parte, Samuel Leiva de Greenpeace precisó que “hay que tener en cuenta que si bien la controversia administrativa va a un tribunal especializado igual es un tribunal menor y uno podría igual escalar en una apelación a la Corte Suprema, es una novedad, pero no es el punto final”.

“Lo que puede suceder es que la corte de apelaciones pueda declararse incompetente al existir un tribunal especializados, pero es un paso que hay que ver en función de dónde ingresa o dónde se pueda ingresar este tipo de iniciativa, pero eso depende de la jurisprudencia que se declare el propio tribunal”, afirmó Leiva.

En mayo pasado, cuando estalló por primera vez el conflicto por los malos olores que emanaban desde la planta de cerdos, Agrosuper mantenía 480 mil animales y unos 450 trabajadores dentro de las instalaciones.

Érica Espinoza era una de ellas. Es madre soltera, tiene tres hijos -el 39,9% de los hogares de la comuna son mantenidos por mujeres- y en el complejo se desempeñaba en el área de maternidad. “Antes trabajaba en la cosecha de las papas y arvejas. Ahí estaba todo el día para ganar $15 mil, pero el sueldo de la empresa era mucho más porque sacaba $400 mil”, cuenta.

Como ella, varios habitantes de Freirina lamentan que la planta se haya cerrado luego que la empresa explicara, a través de un comunicado, que la nueva Resolución de Calificación Ambiental restringía sustancialmente su operación, dejando una limitada viabilidad económica, a lo que se sumaban los hechos de violencia.

“Nos arruinaron la Navidad con lo que está pasando (…) teníamos un proyecto de vida y quedamos con los brazos cruzados”, dice el ex operario Jaime Pérez, al recibir el finiquito luego que el lunes 10 de diciembre la empresa anunciara el cierre indefinido de la planta. A mitad de semana, 200 trabajadores fueron notificados del despido.

“Tenía mi sueño, yo estaba postulando a un departamento en Vallenar, pero como ahora no tengo pega ni contrato, se me va el proyecto de la casa. Somos una familia que estaba luchando con mi esposo que también trabajaba en Agrosuper. ¿Ahora qué trabajo digno hay? ¿Quién vive con $280 mil?”, reclama Lidia León, otra operaria que fue desvinculada.

“Yo trabajé en una empresa de aseo, ganaba $200 mil y ahora $400 mil. Ahora voy a tener que ir como tonta a pedir que me den trabajo de nuevo ahí. Uno se acostumbra a un nivel de sueldo, y hay gente que tiene deudas más altas e hijos en la universidad”, agrega Nilda Aguilar.

Irse a la minería no es una opción

En Atacama se ejecutan enormes proyectos mineros y energéticos, aunque, según la Corporación de Bienes de Capital (CBC), las estimaciones de inversión en la zona cayeron un 48,6% para el período 2012-2016, pasando de US$ 16.540 millones a US$ 8.500 millones.

Pese a que Atacama hoy tiene sólo un 3,8% de desempleo (trimestre móvil agosto-octubre) y el trabajo “sobra” en la región, para los ex trabajadores de Agrosuper migrar a la minería no es una opción.

“Para nosotras las mujeres que tenemos hijos es imposible (trabajar en minería). Hay que dejar 10 días a los niños solos y volver”, asegura Paola Barrios, ex operaria de la planta.

“Como la mayoría de los trabajadores son mujeres, le hemos pedido al Sernam ser parte de esta mesa de trabajo que hemos iniciado”, explica el intendente de Atacama, Rafael Prohens, sobre la instancia que iniciaron junto al sindicato de Agrosuper, la Gobernación del Huasco y las seremis del Trabajo, Educación y Gobierno para afrontar la cesantía que se viene y los problemas sociales que deriven de ella.

Por su parte, los empleados desvinculados han mantenido movilizaciones, y desde que se anunció el cierre de la planta presionan a los alcaldes de Huasco (Rodrigo Loyola), Freirina (César Orellana) y Vallenar (Cristian Tapia) para que encuentren soluciones. “Ellos son los culpables de que Agrosuper se haya ido”, reclama Lidia León.

“Pero no va ser fácil encontrar trabajo para tantas mujeres en una zona minera”, reflexiona el ex edil de Freirina, Roberto Bruzzone (RN), que según se comenta habría sido derrotado en las elecciones municipales por su apoyo férreo a la criadora de cerdos. “Los hombres pueden ser reconvertidos en mineros en alguno de los proyectos que se construyen, como Pascua Lama, pero las mujeres… ¿Qué hacemos con las mujeres?”, insiste.

“A esta altura del año, ¿quién nos va a dar un trabajo? (…) Se había dicho también que la empresa iba a permitir que los niños del liceo que fueran saliendo hicieran su práctica y con la posibilidad de quedarse trabajando”, reclama Carlos García, a la vez que Pedro Ríos se queja de que los movimientos sociales del valle del Huasco “quieren seguir con la planta termoeléctrica: ¡cuánta gente va a quedar sin trabajo! ¿De qué estamos hablando?”.

La comunidad de Freirina en general se muestra dividida. “Prefiero no opinar mucho, pero me gustaba que estuvieran acá (Agrosuper)”, dice una vecina en el centro de la localidad, quien evita dar su nombre porque asegura que “no quiero tener problemas”. Mientras que en la plaza de la ciudad, un joven que se identifica sólo como Rodrigo sostiene que “creo que ellos se podían quedar si es que no tiraban más olores. Quizás no era tan necesario que se fueran”.

“Nosotros queremos vivir sin olores, pero con trabajo”, dice Cristián Escobar, presidente de la recientemente creada Asociación por el Desarrollo y Medio Ambiente Seguro de Freirina (Ademaes). Acusado de trabajar para Agrosuper, Escobar afirma que sólo quiere expresar el sentir de muchos pequeños comerciantes y microempresarios.

“Mi vecino que tiene un pequeño taller para construir bloques de cemento me critica porque apoyo a Agrosuper, pero no se da cuenta que su negocio ha crecido gracias a que los contratistas de la planta le piden más bloques”. Agrega: “Yo también me quejaba de los malos olores, pero eso ya se estaba terminando”, reflexiona.

Antes de Agrosuper, recuerda, el único trabajo masivo que había en Freirina era la cosecha de aceituna en los extensos olivares que hay en la comuna -en el valle del Huasco hay 1.250 hectáreas de olivos y 1.200 de uva de mesa-, “pero las termoeléctricas en Huasco están acabando con los olivos”, señala Escobar.

“Existen grupos de presión que quieren echar abajo cualquier iniciativa de inversión. Ya lo hicieron con Castilla, con Pascua Lama, con El Morro, ahora lo hacen con Agrosuper y con Punta Alcalde. Así no se puede invertir en Chile”, se queja Carlos Nicolás, presidente de la Corporación para el Desarrollo de Atacama (Corproa).

Agrega: “Ahora había pleno empleo con Agrosuper, pero en dos meses más va a haber desempleo de dos dígitos, como lo había hace cinco o seis años”.

El ex alcalde de la comuna entre 1992 y 2008, Leonel Cepeda (DC), hoy mantiene una botillería en el centro del pueblo. “La mayoría de Freirina no está con que se vaya Agrosuper, porque es una fuente de trabajo estable (…) Hay muchas mujeres que quedaron cesantes y que no tienen ninguna otra oportunidad de trabajar”, dice.

El recién electo edil César Orellana (PS) es más cauto en afirmar que la salida de la empresa tendrá un impacto en la comuna. “Ya estamos claros que hay que emprender otros desafíos en el tema de desarrollo comunal (…) de 400 empleos en la comuna no alcanzan a ser 100 los de Freirina que trabajan en el proyecto. Pero nada justifica soportar esos olores a cambio de un par de empleos”, enfatiza.

Expertos financieros: Agrosuper no tendría problemas para pagar sus deudas

Desde el momento en que Agrosuper informó que pondría candado a su proyecto estrella, la planta en Freirina, se levantaron dudas de algunos sectores sobre la capacidad de la compañía para pagar sus deudas. Pero expertos financieros aseguran que con el proyecto en el norte o sin él, la firma salda sus compromisos.

Agrosuper emitió bonos (instrumentos financieros para obtener capital) en 2011 por 5 millones de UF, esto es, US$ 215 millones, y volvió a hacerlo en septiembre de este año por 1,5 millones de UF, cerca de US$ 70 millones.

Pese a que la operación de diciembre de 2011 se destinó casi en su totalidad a financiar la planta en Freirina, los tenedores de bonos (como algunas compañías de seguros) deberían estar tranquilos, porque las deudas podrían saldarse incluso sin contar con los flujos de caja que se estimaba iba a generar esa planta, dice un experto.

Un pronóstico que José Guzmán, gerente general de Agrosuper, se encargó de reforzar en una reciente entrevista con “El Mercurio”, concedida luego de anunciado el cierre de la planta. En la oportunidad, Guzmán aseguró que la capacidad financiera de la firma “está intacta”.

Agrosuper tiene un rating watch negativo, que advierte sobre un posible cambio en la clasificación, que en este caso sería a la baja, según un reporte que Fitch Ratings hizo en noviembre. Los niveles de endeudamiento son “moderados” -dice la clasificadora- y su deuda financiera era de $435 mil millones a junio. Y por otra parte, el Ebitda (resultado puro) de Agrosuper era cercano a $170,9 mil millones en 12 meses hasta junio.

Para otra clasificadora, el panorama era parecido a mediados de año.

Feller Rate clasificó con “AA-” (con muy alta capacidad de pago) las líneas de bono de Agrosuper. Y le dio un Creditwatch con implicancias negativas. La clasificación consideró “un perfil financiero con un relativamente bajo nivel de endeudamiento”, según señaló la clasificadora.

A principios de diciembre, la compañía informó que había invertido cerca de US$ 500 millones en la planta. Esto se suma a un capital de trabajo (animales, alimentos, etc.) cercano a US$ 59 millones. Guzmán aseguró que parte de los activos invertidos en el recinto son recuperables para otros proyectos de la empresa.

Fuente> El Mercurio

De aquí a 2020, más del 30% de los ingresos totales de Agrosuper provendrían de Huasco. La firma consideraba que el complejo agroindustrial ubicado en Freirina, III Región, iría adquiriendo cada vez más peso en su negocio, creciendo cada año hasta llegar a su máxima capacidad.

Pero sus planes quedaron en la nebulosa el lunes, cuando el fundador y dueño de la empresa Gonzalo Vial, comunicó al directorio su decisión de paralizar en forma indefinida las faenas. Las protestas locales y las nuevas exigencias impuestas por la autoridad al proyecto enfocado en la producción de carne de cerdo terminaron por convencerlo de que la millonaria inversión que había anunciado justo ocho años atrás se hacía inviable.

Tras esa reunión, comenzó una semana intensa. Los directores, que apoyaron en forma unánime la decisión de Vial, han estado en permanente contacto para definir el plan de acción ante lo que consideran una resolución sin sustento técnico, que buscó dar una señal política en medio de la oposición al proyecto. La mesa, que preside Vial, la integran además Fernando Barros (vicepresidente), Juan Claro, Antonio Tusset, Verónica Edwards y Canio Corbo.

La primera medida de Agrosuper será acudir al Comité de Ministros, instancia ante la que harán una presentación a más tardar en los primeros días de enero, confidencian altas fuentes de la empresa. Este órgano, que resuelve recursos contra resoluciones referidas a estudios de impacto ambiental, es presidido por la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, e integrado por los ministros de Salud; Economía; Agricultura; Energía, y Minería.

El documento está siendo preparado por abogados externos y desde la compañía aseguran que con esta acción persiguen -más que una pronta reapertura- defender un principio empresarial que, a su juicio, vulneró la autoridad ambiental al modificar aspectos centrales de un permiso que ya tenían.

Lo preocupante, advierten, es que la empresa planificó sus inversiones sobre la base de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) emitida en 2005, donde se le autorizaba una capacidad productiva máxima de 150 mil cerdos hembras. La RCA del 23 de noviembre, sin embargo, rebajó esa cantidad a 30 mil y le puso un techo de 80 mil reproductores.

En este contexto, creen en la firma, este es un intento por imponer pautas de producción a una empresa en marcha y “un intento por expropiar un derecho ya concedido”, afirma un directivo. Además, critican la exigencia de agregar al proyecto dos plantas, una de ellas faenadora, lo que eleva la inversión en US$ 100 millones a un proyecto al que ya se han destinado US$ 500 millones.

Ello, dicen en Agrosuper, busca evitar el traslado por las carreteras del país de la masa porcina, lo que no tiene justificación. En el gobierno, sin embargo, responden que el proyecto original consideraba la faenadora, algo necesario en un proyecto que, según asesorías externas, no tiene paralelo en el mundo en cuanto a su tamaño.

El viernes cobró fuerza en La Moneda la teoría de que se lograría un acercamiento con la empresa y en la firma asumen que esa instancia existe. “ A nadie le gusta estar mal con el gobierno”, comentan. Pero por ahora hay distancia.

A juicio de Agrosuper, lo ocurrido es tan grave y aseguran que un informe legal encargado por el Ministerio de Interior a abogados externos advierte que la actuación de la autoridad ambiental podría afectar las inversiones en el país. Asesores de Palacio desconocían ese reporte.

Agrosuper sabe que la solución no es de corto plazo. La ley ordena resolver los reclamos al Comité de Ministros en un plazo de 60 días, pero casos como HidroAysén llevan esperando un año y medio. Por lo mismo, en la firma asumen que este reclamo podría ser fallado ya en el próximo gobierno.

Lo que buscará con ello la compañía es que en algún momento se reviertan las condiciones que hacen inviables el proyecto. Sobre todo, porque los números indican que si la planta finalmente se cierra definitivamente y se desarma, las pérdidas alcanzarían a US$ 400 millones.

Por ahora, lo que habrá es una menor producción anual del orden de los US$ 1.000 millones. Lo que se busca, según declaró el gerente general, José Guzmán, es claridad para seguir adelante. “No estamos en desacuerdo con las exigencias medioambientales. Al contrario, estamos de acuerdo y están implementadas. El punto está en la incertidumbre que se genera a un proyecto como este en el futuro”, dijo a La Tercera.

La decisión

Los días previos al directorio que se realizó el lunes 10 en Santiago en las oficinas de Fernando Barros, Vial discutió su decisión con su círculo más cercano. Si las imágenes que veía de Freirina en la televisión lo tenían afectado, más preocupante fue para él la impresión de que los problemas en Huasco seguirían repitiéndose.

Las protestas medioambientales no daban señales de tregua, pese a que la firma asegura que había solucionado la falla que gatilló la crisis de mayo.

Cercanos a Vial aseguran que la decisión fue tomada “sin calculadora” y que refleja la personalidad del empresario: “Es alguien capaz de abandonar mucha plata a cambio de su tranquilidad”. Esta es la cuarta vez que la empresa frena el proyecto desde que se anunció.

En la semana, cuentan cercanos, la desazón de Vial fue en aumento. Ya en el directorio había planteado que no entendía cómo la autoridad retribuía con indiferencia su trayectoria de más de 50 años.

Internamente hay una autocrítica que apunta principalmente a un problema comunicacional. En primer lugar, de los ejecutivos de la empresa en Huasco, que no habrían transmitido la real magnitud del problema hacia la administración y, en segundo lugar, entre la compañía y la comunidad. Así lo admitió Vial en una entrevista que dio en junio a El Mercurio. “Debimos conversar más con la gente”, dijo.

La compañía asume también que la crisis se activó luego de que fallara la planta para tratar los desechos orgánicos de los cerdos. Piscinas que contenían 200 mil metros cúbicos de residuos líquidos -equivalentes a una planta de tratamiento para un millón de personas- se quebraron y generaron los malos olores. Con la llegada del verano, el tema se desbordó, provocando el malestar de habitantes de la zona.

Tensión con el gobierno

Esta semana se agudizó la incómoda relación que ha sostenido la empresa con el gobierno desde mayo, cuando el Ministerio de Salud decretó el cierre de la planta e inició un sumario sanitario.

Desde La Moneda señalan que la relación se desgastó más durante estos días, en especial después de que la compañía criticó a la autoridad por haber cambiado las reglas del juego. “En lo que no estamos de acuerdo es que a este proyecto se le redujera su capacidad a la mitad”, dijo Guzmán a comienzos de la semana.

En la empresa saben de la molestia que hay en el Ejecutivo, pero aseguran que el conflicto empeoró porque la autoridad no creyó en lo que le comunicó el gerente general, José Guzmán, el fin de semana previo al anuncio. El mensaje, dicen, fue claro y lo recibió el ministro de Interior, Andrés Chadwick: en esas condiciones, el proyecto no seguiría adelante.

“Aparentemente creyeron que era una amenaza y esta vez el gobierno hizo un cálculo erróneo”, dice un profesional ligado a Agrosuper. En el Ejecutivo admiten los contactos, pero niegan que la firma haya alertado sobre el cierre.

La oficialización de esa decisión desató una serie de declaraciones de ministros que salpicaron incluso al ex Presidente Ricardo Lagos, bajo cuya administración se autorizó el complejo.

En el gobierno critican que se haya aprobado en 2005 un proyecto de dimensiones inéditas en el mundo y recuerdan que en la crisis de mayo había 40 mil hembras reproductoras. Con 150 mil, añaden, la situación medioambiental podría ser inmanejable. En la firma niegan que el tamaño sea problema.

La decisión de Agrosuper sorprendió a La Moneda y al propio Presidente Piñera, quien fue informado por Chadwick del cierre cuando volaba desde Antofagasta a Santiago.

El Mandatario preguntó a Chadwick si la decisión era transitoria o definitiva. Mientras en la firma atribuyen la sorpresa presidencial a que no fue bien informado sobre el alcance de la última RCA, en el Ejecutivo dan otra razón: La Moneda autorizó la operación de una planta impopular asumiendo el costo político y esperaba, por ello, otra actitud de Agrosuper.

La empresa terminará en estos días de finiquitar a 470 trabajadores de Freirina. Permanecerán, eso sí, unas 30 personas que se encargarán de mantener las instalaciones hasta que se pueda quitar el candado que a fines de febrero lucirá el complejo.

Fuente> La Tercera